Luego de una revisión minuciosa al ‘Plan de Desarrollo Distrital de Santa Marta, Corazón del Cambio 2020-2023’, la Defensoría del Pueblo encontró serias falencias en la implementación y desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna.

“Atendiendo a nuestras competencias constitucionales y sobre la base de la información suministrada por la entidades del orden distrital y el trabajo en terreno, hicimos un análisis juicioso sobre qué esta haciendo la administración distrital para que esos tres derechos no sean vulnerados en la capital del Magdalena”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

La alimentación, un derecho que debe ser garantizado

La Defensoría estableció que, si bien han sido dados pasos importantes en la formulación de la política pública alimentaria en la capital de los magdalenenses, su aplicación no se ve reflejada en un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Hay ausencia en el conocimiento y articulación del tema alimentario entre las diferentes dependencias del Distrito, lo cual impide el cumplimiento de las políticas alimentarias formuladas. 

Tampoco fue visibilizado el seguimiento, desde el nivel distrital, de la gestión y los resultados logrados, que permitiera medir los avances o retrocesos en el ejercicio de desarrollo de las acciones emprendidas para atender lo relacionado con el derecho a la alimentación.

“Exhortamos a la Alcaldía de Santa Marta para que ejecute la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, articulada y sustentada en una perspectiva de derechos humanos, eliminando los determinantes sociales y estructurales que imposibilitan la garantía del derecho a la alimentación. Debe estar dirigida a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población”, indicó Carlos Camargo Assis.  

Lo hallado en materia de educación
 
Alrededor de 110.00 estudiantes fueron matriculados en el 2022, mientras que en el 2021, cerca de 115.000, lo que representa una tasa de deserción interanual del 3,74%.

Un total de 22 establecimientos educativos requieren intervención en infraestructura debido al deterioro del cielo raso. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito solamente alcanza una cobertura del 61,5%. Hay déficit de 400 profesionales de la educación, entre coordinadores, docentes de aula y docentes orientadores en las instituciones educativas del Distrito.

Con base en la información suministrada por la Secretaría de Educación Distrital, los integrantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, entre otros, se pudo establecer que persisten retos para lograr el pleno desarrollo del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Santa Marta.

“Es fundamental impulsar y fortalecer espacios de participación de la comunidad para que le haga seguimiento y monitoreo al PAE. También es necesario implementar acciones para que el estudiantado pueda contar con una infraestructura adecuada; no menos importante, es oportuno hacer las gestiones que permitan solucionar el déficit de docentes”, solicitó el Defensor del Pueblo.  

La vulneración del derecho a la vivienda

El déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, según la Alcaldía de Santa Marta, es del 13,4%, significa ello que está por encima del promedio nacional (ubicado en el 12,37%). La Defensoría, así mismo, evidenció la ausencia de una política pública habitacional que le apunte a disminuir el déficit tanto cuantitativo como cualitativo en la capital y el departamento.

No existe un censo poblacional actualizado para identificar el número de hogares que se encuentran en los dos déficits relacionados, lo cual no les facilita a las entidades competentes tomar decisiones sobre política pública habitacional. 

“Con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a una vivienda digna de la población que vive en condiciones inadecuadas en las zonas urbanas y rurales del Distrito Turístico de Santa Marta, es crucial la adopción de medidas relacionadas con una política pública robustecida, presupuestales, legislativas, administrativas, entre otras. Por eso, urge el concurso del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y su Secretaría de Planeación”, puntualizó Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo